En ocasiones se dice, con cierto dejo adaptativo, que “la justicia tarda, pero llega”. Esa resignación no podríamos tenerla frente al Estado en situaciones de emergencia, al contrario, se necesita que el Estado llegue, pero llegue rápido.
Cuando hablamos de Estado no pensemos en el presidente Boric, ni en los ex mandatarios y mandatarias que lo antecedieron, pues el Estado tiene una estructura de funcionamiento que persiste independiente de los énfasis y compromisos que asuman los gobiernos de turno. A veces el Estado es una herramienta para agilizar políticas, pero otras veces, una camisa de fuerza para los gobiernos.
Como alcaldesa de una comuna que ha sido testigo directo del megaincendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, me ha tocado ver de cerca esa fuerza dicotómica del Estado, que se debate entre las respuestas focalizadas y la lentitud para abordar la complejidad de los problemas. Tal es el caso de SENAPRED, institución que debiese estar encargada de la prevención de las próximas emergencias y que sin embargo hoy está centrada en hacer las compras, acopiar y distribuir las ayudas, sacándola del foco natural de su rol preventivo.
Es innegable que Chile enfrenta desafíos importantes cuando se trata de la gestión de emergencias y si bien es cierto la declaración de catástrofe agiliza acciones frente al orden público y la liberación de recursos, persiste el marco burocrático en la gestión, sumiendo a la institución pública en un mar de tramitaciones y timbrajes. Y en ese andar, el privado llega primero haciendo una ayuda valiosísima para nuestras comunidades, pero sin embargo produciendo perplejidad en la ciudadanía quien ve que el Estado se tardó mucho más en llegar.
Para que el Estado modernice sus procesos, requiere de un Gobierno osado y un compromiso transversal de las fuerzas políticas para modificar las estructuras jurídicas y administrativas que faciliten los procesos en contexto de catástrofes.
Mejorar la ley de compras públicas, la ley de plantas, la ley de presupuestos, las normas de uso de suelo y bienes nacionales, es un paso fundamental para afrontar las emergencias del mañana. Para que las compras lleguen al 2do o 3er día de la tragedia; para que los municipios podamos contratar personal en estos contextos; para que SENAPRED cuente con recursos que financie Planes Comunales de Riesgo y Desastres y educación ciudadana constante; para la habilitación oportuna de barrios de emergencia destinados a familias de campamentos irregulares. Y que todo vaya acompañado de mecanismos de transparencia y facultades que promuevan la reacción rápida de las instituciones.
Los megaincendios que han arrasado nuestras comunas han dejado en evidencia la burocracia y lentitud que caracteriza a nuestro aparato estatal, SENAPRED, delegaciones y municipios incluidos. Pero también nos deja las lecciones que pronto debemos convertir en leyes y políticas públicas prioritarias para este 2024.
